John Ackerman

La consulta es nuestra

La Jornada, 26 de Julio de 2021

Por: John M. Ackerman (@JohnMAckerman)

 

 

La consulta popular sobre los expresidentes de la república no le pertenece al Instituto Nacional Electoral (INE), sino a la ciudadanía. Es falso que el INE tenga un monopolio sobre la promoción de este histórico proceso de participación ciudadana. Todos y todas debemos participar no solamente ejerciendo nuestro voto este domingo 1 de agosto, sino también promoviendo activamente el involucramiento de nuestros vecinos, amigos y colegas.

Es cierto que el artículo 35 de la Constitución dice que el INE “será la única instancia a cargo de la difusión” de la consulta popular. Sin embargo, ello se refiere únicamente a las instancias oficiales y no implica afectación alguna a los derechos ciudadanos a la libertad de expresión.

Lo que se encuentra prohibida es “la contratación” de “propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre las consultas populares”, de acuerdo con la Carta Magna y los artículos 40, 41 y 42 de la Ley Federal de Consulta Popular. Pero es perfectamente aceptable que cualquier ciudadano, político, periodista o incluso servidor público exprese libremente su opinión por cualquier medio con respecto al tema del enjuiciamiento de los expresidentes.

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La norma también ordena la “suspensión” de “la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno”.  Sin embargo, esta prohibición no puede aplicarse a las opiniones expresadas a título personal por legisladores, políticos y servidores públicos, a menos que para la misma se utilizara algún recurso público o privado.

Es también perfectamente válido que los gobiernos federal, estatales y locales sigan promoviendo sus acciones y logros de gobierno en general.  Lo único que se prohíbe legalmente es la utilización de recursos públicos para “difundir en los medios” estas acciones.  Y cuando se trata de “campañas de información” relacionadas con los temas educativos, de salud y de protección civil, las autoridades pueden continuar sin problema alguno ya que la ley cuenta con una clara excepción en estas materias.

El INE, sin embargo, quiere expropiar de manera ilegal el derecho exclusivo a ser el único actor que pueda promover la participación en la consulta popular.  En su afán permanente por confrontarse con el gobierno federal, el instituto electoral incurrió en una serie de auténticos disparates jurídicos en el acuerdo sobre la “veda” electoral publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 12 de julio (véase: https://bit.ly/3iJOeIs).

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En este acuerdo, el instituto electoral se erige como juez supremo con la facultad de ejercer una peligrosa censura previa con respecto a cualquier expresión de las autoridades, aunque no estén relacionadas con la Consulta Popular.

Por ejemplo, el Quinto Acuerdo señala que en la propaganda gubernamental “no está permitida la exaltación, promoción o justificación de algún programa o logro obtenido en los gobiernos local o federal o de alguna administración específica”. En el Octavo Acuerdo censuran a La Hora Nacional, señalando que “no podrán difundirse frases o referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno” y que “debe abstenerse de difundir logros de gobierno, obra pública e incluso, emitir información dirigida a justificar o convencer a la población de la pertinencia de una administración en particular, o bien, información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en bien de la ciudadanía”. Y el Noveno Acuerdo señala que “los portales de los entes públicos en Internet deberán abstenerse de difundir logros de gobierno”.

Nos encontramos frente a un error grave de interpretación de parte de la autoridad electoral, resultado de su vista obnubilada por su odio hacia Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación. 

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El gobierno actual no es parte ni objeto de la consulta que se celebrará el 1 de agosto, así que proporcionar información sobre sus programas o logros no afecta en absoluto la equidad del proceso electoral en curso. Estas prohibiciones tienen sentido dentro del marco de los procesos electorales normales donde el gobierno es emanado de uno de los partidos políticos que se encuentra en la boleta electoral.  Sin embargo, un ejercicio estrictamente ciudadano sobre el enjuiciamiento de los gobiernos del pasado no tiene relación legal alguna con las obras o los logros el gobierno actual.

Una vez más el INE evidencia su falta de profesionalismo, independencia y objetividad. Pero ya es hora de rebelarnos en contra de sus instituciones realmente existentes y reivindicar al poder popular. Salgamos todos y todas a las redes y a las calles durante los próximos días para promover la participación masiva en la histórica consulta ciudadana que tendrá lugar este domingo. Enviemos una contundente señal a los representantes del viejo régimen de que sus abusos han llegado a su fin y que tendrán que rendir cuentas por sus delitos, saqueos y traiciones.

www.johnackerman.mx

John M. Ackerman

Director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) e Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Escritor y activista. Doctor en Sociología Política y Doctor en Derecho Constitucional.

Comentarios

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  • Las consultas populares tutelas por el INE…
    Parece ser que nuestros ex-presidentes hubieran sido marionetas de los gringos o juguetes de los dioses griegos, del hado o destino fatal ineluctable y ya escrito desde la eternidad; es decir que no tuvieron la facultad de actuar autónomamente («yo soy el Estado»): no tuvieron libre albedrío durante su reinad. Fueron heterónomos por no haber sido movidos por los principios de la razón. Por lo cual no pueden ser responsables ni rendir cuentas claras de sus actos como mandatarios: hubo falta de autoridad imperativa de su voluntad. Por tanto, no puede haber imputabilidad: «que la nación me lo demandé…» Pareciera que no se les debe juzgar ni quitarles el fuero perpetuo, porque todo fue alto secreto de Estado. Mientras que los ciudadanos comunes somos requeridos hasta porque nos pasemos un semáforo rojo.

  • Absolutamente de acuerdo Dr. Ackerman, la consulta será un verdadero ejercicio cívico y en consecuencia un éxito; no existe posibilidad de olvidar los agravios cometidos y a la fecha impunes.
    Saludos cordiales.

  • Muy interesante su nota Dr Ackerman,
    Si las personas se informaran más en los medios de veracidad no tendrían duda de continuar con el apoyo a la 4t.
    Desafortunadamente por mi localidad escucho a las personas que comentan:
    _ No les van hacer nada como a los que investigan y tienen pruebas y los Jueces los cubren y protegen, no creo que sirva de mucho está consulta!_
    Hay que trabajar mucho para que las personas «El pueblo» vea hechos y acciones para recuperar esa confianza.