John Ackerman
AMLO en la presentación del Plan Nacional de Paz y Seguridad. Foto: Especial

Hacia la desmilitarización

Revista Proceso, 25 de noviembre, 2018

Por: John M. Ackerman (@JohnMAckerman)

Las equiparaciones entre la Ley de Seguridad Interior (LSI) y la Guardia Nacional no tienen pies ni cabeza.

La primera buscó legalizar el estado de sitio de facto establecido desde la época de Felipe Calderón en que las fuerzas armadas han reemplazado a las fuerzas civiles en tareas de seguridad pública. La segunda busca aprovechar de la disciplina y el entrenamiento de algunos elementos militares para dar impulso a la primera etapa de creación de una nueva fuerza eminentemente civil.

La LSI otorgaba facultadas cuasi dictatoriales al Presidente de la República al permitir la suspensión unilateral de garantías constitucionales en regiones enteras del país. En contraste, la actuación de la Guardia Nacional y el mando del Presidente sobre esta corporación serán estrictamente acotadas desde la misma Carta Magna.

Enrique Peña Nieto con los titulares del Ejército y la Marina. Foto: Especial

La LSI generó un escenario para una militarización cada vez más profunda del país, mientras la propuesta de reforma constitucional presentada por Morena constituye un importante paso hacia la desmilitarización de la seguridad pública.

La iniciativa de Morena no modifica una sola palabra del artículo 129 de la Constitución. Este artículo es el que acota estrictamente las funciones de las fuerzas castrenses al señalar que “en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

Fue precisamente con base a este artículo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación derogaron la LSI del PRIAN porque desvirtuaba la función de las fuerzas armadas.

Enrique Peña Nieto con los titulares del Ejército y la Marina. Foto: Especial

Así que es simplemente absurdo afirmar que Andrés Manuel López Obrador estaría intentando “desacatar” o “darle la vuelta” a la Suprema Corte con su iniciativa de reforma constitucional. Si fuera el caso, utilizaría sus mayorías en el Congreso de la Unión y los congresos de las entidades federativas para modificar precisamente el artículo constitucional en la cual los ministros fundamentaron su resolución.

La iniciativa de Morena tampoco modifica un ápice las disposiciones del artículo 21 constitucional que señalan explícitamente que “las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil” y que “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público”. El texto propuesto señala que la Guardia Nacional “podrá actuar como auxiliar del Ministerio Público Federal” pero siempre “bajo su conducción y mando” de la Fiscalía General de la Nación.

A diferencia de la LSI, la reforma de Morena no modifica en absoluto las competencias de las fuerzas armadas como tal ni crea nuevos conceptos o funciones de “seguridad interior”. Al contrario, se limita a crear una nueva corporación de auxilio a las autoridades de seguridad pública y de procuración de justicia en sus labores de protección ciudadana.

AMLO en la presentación del Plan Nacional de Paz y Seguridad. Foto: Especial

Es importante señalar que si bien la exposición de motivos de la reforma incluye referencias a un “mando militar” sobre la Guardia Nacional, ello no fue incluido en el texto mismo de las reformas constitucionales.

Varios aspectos claves de la reforma dejan perfectamente clara la esencia civil de la Guardia Nacional. Por ejemplo, el nuevo texto del artículo 13 indica que “las faltas y delitos cometidos por integrantes de la Guardia Nacional en el ejercicio de sus funciones serán conocidos por la autoridad civil correspondiente”. Ello implica que los integrantes de esta corporación no gozarán del “fuero de guerra” que garantiza la impunidad de los militares al solamente reconocer la jurisdicción de los tribunales militares.

De la misma manera, la propuesta de modificación al artículo 16 de la Constitución somete la actuación de la Guardia Nacional a todos los estrictos controles procesales contenidos en este artículo y además agrega la prohibición explícita de que “bajo ninguna de las circunstancias…un detenido podrá ser trasladado ni resguardado en instalaciones militares”.

AMLO en la presentación del Plan Nacional de Paz y Seguridad. Foto: Especial

Morena también propone incluir en el artículo 21 de la Constitución un reconocimiento explícito de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI). Algunos recordarán que en 2011 el joven abogado Netzaí Sandoval y docenas de juristas junto con otros miles de ciudadanos mexicanos, presentamos al CPI una solicitud de investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en México. Enardecido, Calderón en aquel momento amenazó con demandarnos a todos los firmantes por el atrevimiento. Y desde entonces tanto Calderón como Enrique Peña Nieto han hecho todo lo posible por evitar la intervención del CPI en México.

La propuesta de López Obrador de elevar a rango constitucional el reconocimiento del CPI constituye una señal muy clara a favor de la justicia y en contra de la impunidad. Ya no se ordenarán masacres y desapariciones forzadas desde Palacio Nacional, y si por alguna razón ocurren como resultado de un desacato de parte de las fuerzas de seguridad no serán toleradas ni encubiertas sino investigadas y enjuiciadas hasta las últimas consecuencias.

Ahora bien, es cierto que el primer transitorio de la reforma de Morena señala que en un inicio la Guardia Nacional incluirá elementos de la Policía Militar y la Policía Naval, además de aquellos que provienen de la Policía Federal. De la misma manera, el quinto transitorio indica que “los miembros de la policía militar y naval adscritos a la Guardia Nacional quedan exceptuados de la prohibición a que se refiere el artículo 129 de esta Constitución”.

AMLO en la presentación del Plan Nacional de Paz y Seguridad. Foto: Especial

Pero estas disposiciones no implican que la Guardia Nacional como tal sea una institución castrense, sino todo lo contrario. Esta corporación será en esencia un órgano civil que de manera estrictamente transitorio y temporal tomará prestado de las fuerzas armadas algunos de sus elementos mejor capacitados en materia de protección ciudadana.

Así que en lugar de empoderar a las Fuerzas Armadas como tal y colocarlas por encima de las autoridades civiles, al estilo de la LSI, la iniciativa del Presidente Electo camina en sentido contrario al encapsular la actuación de los militares dentro de una nueva lógica civil de respeto absoluto a los derechos humanos.

Publicado originalmente en la revista Proceso
John M. Ackerman

John M. Ackerman

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Escritor y activista. Doctor en Sociología Política y Doctor en Derecho Constitucional.

Comentarios

Deja un comentario

  • Después del discurso de AMLO a las fuerzas armadas en el campo milita # 1, queda claro que se acude a ellas por su organización, disciplina y servicio a la nación ya que formar una Guardia Nacional al vapor resultaría bastante costoso.
    Ya bastante es la carga de la justicia Mx y su descrédito al tener que esperar a que nuestros vecinos llamen a cuentas a narcotraficantes y políticos nacionales, que los ayudaron en sus prácticas.
    Sona las promesas de mayor sueldo, lo que a envilecido a la burocracia nacional.

  • esta interesante desmilitarizar físicamente de la calle , pero que sea de la misma directrices tanto de cambio de mentalidad . Que se entienda que el ejército o los poderes judiciales tenga la mentalidad de proteger al pueblo a su gente y no de interés personales que daña la vida social de cada mexicano o extranjero en Mexico . Saludo master .

  • Absolutamente esclarecedor, con esto queda clara la intención de la mayoría de los comentócratas de utilizar este enfoque para atacar, desvirtuar, desorientar. Muy acertado y pertinente.

  • Señor Ackerman: Me parece que la propuesta es una excelente medida para evitar de inicio, que el pueblo mexicano quede desprotegido ante la delincuencia organizada, ya que, somos nosotros, los que vivimos en carne propia la violencia y que desgraciadamente los policías que tenemos, no cuentan con la preparación o están coludidos con ella.
    Pero por otra parte, le comento que en el año 2016, muchos abogados nos certificamos como docentes, en el Nuevo Sistema de Justicia Penal que convocó la SEGOB, aprobando todos los requisitos tanto de exámenes como documentales, en mi caso lo hice en dos rubros de Periciales y Policías, dichas certificaciones están en la página oficial del Consejo para su implementación. Nos avisaron que nos llamarían para ser capacitadores y jamás lo hicieron.
    Ojala que en éste nuevo gobierno tengamos alguna oportunidad para ayudar con esa encomienda.
    Le agradezco por su atención, ya que hasta este momento, es imposible que alguien del equipo de AMLO, nos de alguna respuesta.
    Saludos!

  • Lo que no queda tan claro son los tiempos y formatos en que se dará la transición hacia una policía confiable y honesta, se entiende que la guardia civil será la herramienta para el “entretanto” se educa a una nueva policía y se depura a la vetusta, pero ¿cuánto tiempo tardará esto? ¿qué pasará con los policías que sean depurados de las policías para evitar que se conviertan en potenciales “zetas”? es un pendiente que no queda aclarado. Por otra parte, ¿por qué no convocar también a que se conformen instancias de ciudadanos que participen de las medidas de seguridad, como lo plantea el plande Scheinbaum para la CDMX?

  • Deberian de pensar bien las cosas, en lugar de estar proponiendo tonterías, la neta es mejor que autoricen la LSI y dejen a un lado la creación de una guardia nacional que solo es para engrandecer el ego de una persona.

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