Vacunas públicas y gratuitas

Por: John M. Ackerman (@JohnMAckerman)

El mercado no debería tener incidencia alguna en la distribución o la aplicación de las primeras vacunas contra el COVID. Como servicio público, la vacuna debe ser aplicada de manera totalmente gratuita a la población y las decisiones sobre los primeros en ser atendidos deben ser tomadas exclusivamente por el Estado. De lo contrario, la cura sería literalmente peor que la enfermedad, ya que además de gozar de mejores condiciones para pasar la cuarentena y recibir atención médica, los ricos y los poderosos también tendrían acceso privilegiado a los anticuerpos que protegen contra la enfermedad.

Cuando interviene el mercado gobierna el dinero. Si las autoridades ofrecieran las primeras vacunas en subasta podrían reunir millones de pesos, pero sería a costa del bienestar de la población ya que el criterio principal para determinar la distribución sería el poder adquisitivo de los pacientes. Si bien de esta manera la vacuna llegaría a algunos grupos vulnerables (personas adineradas en avanzada edad o con diabetes y problemas pulmonares) también abriría la puerta para una especulación masiva que empeoraría drásticamente la ya de por sí grave crisis social.

Sometida a las «leyes del mercado», la compra-venta y el tráfico de las escasas vacunas disponibles generaría enormes ganancias para los intermediarios, lo cual inflaría los costos para todos los ciudadanos hasta el punto en que solamente los superricos y sus familiares tendrían suficiente dinero para adquirir el valioso insumo médico.

Una situación de esta naturaleza constituiría una grosera violación al artículo cuarto constitucional que señala con toda claridad que «toda persona tiene derecho a la protección de la salud» y que el Estado tiene la obligación de establecer «un sistema de salud para el bienestar» basado en los principios de gratuidad y atención integral.

Una vez que existan suficientes vacunas para atender a toda la población mexicana, estas inyecciones desde luego deben ponerse también a la disposición de los hospitales y los consultorios privados. Tal y como hoy los ricos pueden pagar para vacunarse en contra de la influenza o la rubeola con su médico privado, después podrán hacer lo mismo para las vacunas contra el COVID si quieren evitar la molestia de acudir a su centro de salud correspondiente.

No se trata de prohibir el funcionamiento del mercado o de la iniciativa privada en general, sino de reconocer la función esencial del Estado en situaciones de crisis humanitaria. Solamente el Estado tiene la capacidad y la visión necesarias para organizar un operativo masivo de salud público como al que hoy nos enfrentamos. De la misma manera en que exigimos al gobierno que articule la respuesta social a los desastres naturales, como los terremotos y las inundaciones, hoy debemos confiar en las autoridades para que organicen la respuesta inmediata a la pandemia.

Quienes critican el supuesto «uso político» del proceso de distribución y aplicación de las primeras vacunas por el Estado mexicano no tienen la menor idea de como funciona ni la política ni el mercado. El gobierno federal representa y tiene la obligación de atender a todos los mexicanos y todas las mexicanas. Sus acciones de salud pública solamente tendrían un tinte político si fueran utilizadas para promover abiertamente al partido Morena o a algunos de sus candidatos por medio de condicionamientos o chantajes.

El hecho de que la buena conducción de la campaña de vacunación fortalezca la opinión ciudadana a favor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que ello a su vez ayude a consolidar la presencia electoral de Morena en las elecciones de 2021, no implica afectación alguna al principio democrático sino todo lo contrario. Las elecciones existen precisamente para que la ciudadanía tenga la oportunidad de llamar a cuentas a los gobernantes, de premiarlos por un buen desempeño o castigarlos por un mal trabajo.

Tantas décadas de malos gobiernos neoliberales nos han acostumbrado a pensar en las elecciones exclusivamente desde el punto de vista del castigo popular. En cada elección, los ciudadanos libres llamábamos a demostrar nuestra indignación en las urnas. Pero en una democracia funcional los comicios también constituyen valiosas oportunidades para respaldar a los proyectos políticos que han demostrado su capacidad de resolver los problemas de la sociedad. Y por primera vez en décadas hoy por fin contamos con un gobierno digno que defiende los intereses populares.

De ahí la mentira de la mal llamada organización «Sí por México», cuyo propósito es en realidad organizar todas las fuerzas del viejo régimen para decir «No» al nuevo proyecto de Nación encabezado por la Cuarta Transformación. La más pura negatividad destructora se viste con piel de supuesta positividad. No nos dejemos engañar.