La disputa por los organismos autónomos

Por: John M. Ackerman (@JohnMAckerman)

El Estado neoliberal jamás fue “austero” en el sentido estricto de la palabra, definida como “sobrio, moderado, sin excesos” y “severo, rigurosamente ajustado a las normas de la moral”, de acuerdo con la Real Academia Española. Los neoliberales recortaron el gasto social y ajustaron el cinturón a la población, pero triplicaron la deuda pública y gastaron a manos llenas en la burocracia dorada. De la misma manera, crearon múltiples nuevos organismos autónomos que jamás resolvieron los problemas por los cuales fueron creados.

Carlos Salinas fue el padrino original de la “autonomización” del Estado mexicano a partir de la creación de una serie de nuevos órganos “reguladores de mercado” como complemento al proceso de privatización corrupta de empresas públicas. La autonomía “técnica” de estas instituciones tenía el propósito de blindarlas de la posible llegada de un Presidente “populista” que quisiera regular los mercados a favor de interés público. Salinas también promovió la reforma al artículo 28 de la Constitución que dotaría de autonomía plena al Banco de México en 1994.

Los orígenes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Federal Electoral (IFE) también datan del Salinato. Tal y como hemos documentado en el libro Organismos Autónomos y Democracia: el caso de México (Siglo XXI, 2007) (disponible aquí: https://bit.ly/38w6d19), lo que se buscaba con la creación de ambas instituciones en 1990 no fue en realidad la protección de los derechos humanos o la limpieza de los comicios, sino simular un supuesto compromiso del Estado mexicano con estas materias.

En el caso de la CNDH, Salinas buscaba atajar las críticas del Congreso de los Estados Unidos con respecto a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en México que amenazaban obstaculizar la aprobación del Tratado de Libre Comercio. En el caso del IFE, Salinas quiso cumplir con las exigencias del PAN de compartir el boletín electoral a cambio del reconocimiento de su fraudulenta victoria en 1988. En ambos casos, las nuevas instituciones nacieron subordinados al Poder Ejecutivo y funcionaron como simples cortinas de humo para legitimar al gobierno de Salinas.

Con el tiempo, las luchas sociales impulsaron importantes cambios legales en la CNDH y el IFE que fortalecieron su autonomía. Y frente a los enormes obstáculos a la transformación política de los tres poderes centrales del Estado mexicano (ejecutivo, judicial y legislativo), la sociedad civil prefería dirigir sus esfuerzos hacia las autonomías institucionales. Surgió entonces una nueva ola de organismos autónomos o semi-autonómos como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como los nuevos órganos reguladores del mercado energético que acompañaron el proceso de privatización petrolera impulsado por Enrique Peña Nieto.

Esta moda por los organismos autónomos en México se inserta dentro de una importante ola internacional en la materia, con la creación de cientos de instituciones nuevas en docenas de países durante las últimas décadas, tal y como hemos documentado en el libro Autonomía y constitución: el nuevo Estado democrático (IIJ-UNAM, 2016) (disponible aquí: https://bit.ly/3oy9kvc).

Mis investigaciones en la materia revelan que los organismos autónomos pueden servir para fortalecer la democracia, pero que ello solamente ocurre cuando estas instituciones se acercan de manera decidida a la sociedad y evitan tanto la tendencia hacia la burocratización como la tentación de la captura.

En México el saldo ha sido negativo en general. Los órganos que se ocupan de funciones sustantivas del Estado, como INE, INAI, CNDH, INEGI, Banco de México y ASF, han ido perdiendo la confianza de la ciudadanía por su derroche burocrático, su lejanía de la sociedad y su sistemática captura por intereses particulares. Y los órganos técnicos de regulación del mercado como el IFT, COFECE, CRE y CNH, tampoco han demostrado un aguerrido compromiso con el bien público o el combate a los monopolios.

Se entiende entonces la desesperación del Presidente de la República y su llamado a desaparecer estos órganos creados durante el periodo neoliberal como simples parches o como burbujas tecnocráticas para aislar sectores claves de la rendición de cuentas democrática.

Sin embargo, no es recomendable tirar al bebé junto con el agua sucia. Existen también múltiples casos internacionales en que los órganos autónomos han jugado un papel fundamental a favor de la “democratización de la democracia” (Boaventura de Sousa dixit). No tenemos para qué quedarnos con la tradicional división tripartita de poderes del siglo XVIII del Barón de Montesquieu cuando hoy nuestras sociedades contemporáneas exigen cada vez mayor participación e involucramiento en los asuntos públicos.