John Ackerman

El fraude de 2012 y el fin del PRI

La Jornada, 17 de agosto de 2020.

Por: John M. Ackerman (@JohnMAckerman)

 

 

La denuncia presentada por Emilio Lozoya en contra de Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto por la canalización ilegal de mil millones de pesos de la empresa Odebrecht hacia la campaña presidencial de 2012 constituye la primera confesión de parte de uno de los involucrados con respecto al fraude electoral de aquel año.

Esta importante colaboración del ex-coordinador internacional de la campaña presidencial del originario de Atlacomulco confirma lo que todos sabíamos desde aquellas fechas.  Peña Nieto no ganó legítimamente la elección presidencial sino que se impuso por medio de la compra de votos y voluntades, lo cual significa que llegó a la silla presidencial por medio de un evidente “fraude”, definida por el Diccionario de la Real Academia Española como “acción contraria a la verdad y a la rectitud”.

La Comisión de Investigación MONEX, conformada en 2012 por la Cámara de Diputados, ya había demostrado que Peña Nieto rebasó el tope de gastos de campaña por 14 veces. El tope fijado por las autoridades fue de 336 millones de pesos, pero el candidato del PRI gastó por lo menos 4 mil 263 millones de pesos (véase: https://bit.ly/310lUK6).  Este monto no solamente involucra la utilización de las famosas tarjetas MONEX sino también tarjetas de otros bancos, como Bancomer y Banamex, y de manera muy significativa las tarjetas de Soriana que, de acuerdo con la comisión investigadora, dispersaron por lo menos 2 mil 294 millones de pesos durante el proceso electoral.

Todos recordamos las escalofriantes escenas de las compras de pánico que vaciaron los anaqueles de las tiendas Soriana en todo el país  justo antes y después de las elecciones presidenciales del 1 de julio de 2012.  Los votantes acudieron en masa a cobrar sus tarjetas frente a los rumores de que los saldos que los operadores PRIistas les habían entregado a cambio de sus votos se desparecerían después de la celebración de los comicios.

Hace un par de años, el Instituto Nacional Electoral descubrió una nueva empresa que también participó de manera ilegal en la triangulación de fondos hacia la campaña de Peña Nieto, Logística Estratégica Asismex. Esta empresa manejó libremente la friolera de mil 400 millones de pesos durante aquel proceso electoral sin reportar un solo peso ni a la autoridad electoral ni a las autoridades hacendarias (véase: https://bit.ly/2PUsVWE).

Como es su costumbre, el INE le apostó a la impunidad y se limitó a sancionar al PRI por no reportar únicamente 16 millones de pesos en este caso. Sin embargo, no se pudo esconder el hallazgo mayor y el expediente todavía se encuentra en los archivos de la autoridad electoral listo para reabrirse a partir de las nuevas evidencias.

La periodista Carmen Aristegui ha develado una importante punta de la madeja con respecto al origen del dinero de las tarjetas MONEX.  Una investigación periodística de su equipo demostró que por lo menos una parte del financiamiento provino de la empresa Grupo Comercializador Cónclave, operada por Rodolfo David Dávila Córdoba, “El Consul”, alguien identificado por las autoridades como operador financiero del Cartel de Juárez (véase: https://bit.ly/2FmF4S6).  Otros medios nacionales también han reportado que desde el año 2003 el mismo Grupo Financiero Monex ha sido investigado por las autoridades por operaciones de lavado de dinero y transferencias de recursos del narcotráfico.

La campaña de Peña Nieto utilizó un mecanismo de triangulación de recursos típico de operaciones de lavado de dinero.  En el caso de las tarjetas Monex, por ejemplo, la contratación de los plásticos no fue realizado directamente sino por medio de la empresa Alkino Servicios y Calidad que a su vez contrató a la empresa Comercializadora Atama que por su parte delegó a las empresas Inizzo y Efra diversas operaciones financieras.  Las investigaciones de las autoridades también revelaron que participaron en diferentes momentos empresas como Akropolis S.A. de C.V., Servicios Luciana S.A. de C.V., Maquiladora Lusa S.A. de C.V., y Comercializadora Baltus S.A. de C.V., entre otras.

Él que cuenta con toda la información sobre los flujos financieros de 2012 es José Antonio Meade, quien fungió como el secretario de Hacienda de Felipe Calderón durante todo el proceso electoral de 2012 y después fue premiado por su silencio y complicidad con el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores al inicio del gobierno de Peña Nieto.

Es importante recordar que el Artículo 41 de la Constitución establece el principio irrenunciable de la prevalencia de los recursos públicos sobre los de origen privado en todas las campañas electorales. Además, la ley especializada en la materia prohíbe de manera tajante cualquier aportación a los partidos o los candidatos de parte de “personas morales de carácter mercantil”, es decir de cualquier empresa.  Adicionalmente, el Artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos señala que es causa de pérdida de registro de un partido político “incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto… de las obligaciones que le señala la normatividad electoral”.

La información proporcionada por Lozoya no debe tener solamente implicaciones penales sino también electorales. Es hora de acabar de una vez por todas con la idea de que la esfera electoral sea un ámbito especial donde todo se vale con tal de llegar al poder.  La elección presidencial de 2012 no fue la única ocasión en que el viejo partido de estado burló la ley. También existen evidencias contundentes con respecto a la operación de fraudes en los casos de la elección para gobernador de Veracruz en 2010 con Javier Duarte, y las elecciones estatales en Chihuahua en 2016 desde las oficinas de César Duarte, así como en Coahuila y el Estado de México en 2017, entre muchos otros casos.

Las nuevas evidencias proporcionadas por Lozoya obligan al INE a reabrir el expediente de 2012 e iniciar inmediatamente un procedimiento de investigación hacia la posible cancelación del registro del PRI por violaciones “graves” y “sistemáticas” a la normatividad electoral.

John M. Ackerman

John M. Ackerman

Director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) e Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Escritor y activista. Doctor en Sociología Política y Doctor en Derecho Constitucional.

Comentarios

Deja un comentario

Suscríbete por correo electrónico

Introduce tu correo electrónico para suscribirte a este sitio y recibir notificaciones de nuevas entradas.

Sígueme en Twitter

Suscríbete por correo electrónico

Introduce tu correo electrónico para suscribirte a este blog y recibir notificaciones de nuevas entradas.