John M. AckermanPor: John M. Ackerman (@JohnMAckerman)
El principal riesgo para la libertad de expresión en el mundo ya no son los gobiernos sino las monstruosas empresas digitales transnacionales. Los algoritmos de Google, Facebook, Instagram, Twitter y Youtube, entre otros, hoy determinan lo que vemos o no en nuestras pantallas. Y los ejecutivos y las ejecutivas de estas empresas deciden de manera unilateral lo que se considera como una comunicación válida o prohibida.
La censura de parte de Twitter de tres destacadas cuentas cercanas a la Cuarta Transformación (véase: https://bit.ly/3oX5c7n) y la utilización masiva de estrategias de manipulación en contra de la izquierda política ecuatoriana (véase: https://bit.ly/2MYZdS9) son apenas dos ejemplos recientes de como las grandes empresas digitales no garantizan las condiciones de neutralidad necesarias para un diálogo auténticamente democrático y plural.
Estas redes son espacios privados cuyo objetivo es acumular cada vez más ganancias para sus inversionistas y dueños. Son además empresas con sede en el extranjero que no respetan el marco jurídico nacional ni pagan impuestos en nuestro país. Sus altos ejecutivos además tienen valores muy diferentes a los nuestros. Su concepto de “democracia” es estrictamente (neo)liberal y los pequeños esfuerzos que hacen a favor de la rendición de cuentas de sus plataformas son terriblemente insuficientes e incluso contraproducentes en el contexto latinoamericano de aguerridas luchas políticas a favor de la transformación social.
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Ayer La Jornada informó que las empresas Alphabet (Google y Youtube), Facebook (incluyendo WhatsApp e Instagram), Twitter, Snapchat y Linkedin, juntas son valoradas en 2.5 billones de dólares, el equivalente a trece por ciento de la Bolsa de Valores de Nueva York y el doble del PIB de México (véase: https://bit.ly/3rwXeUc). Este enorme poder económico, financiero e internacional debe ser cuestionado y criticado con la misma vehemencia y contundencia con la cual se critica al poder político.
Por ejemplo, hasta las encuestas totalmente opacas y sesgadas que utiliza Morena para elegir a sus candidatos tienen mayor transparencia y profesionalismo que los rankings de Twitter.
Esta empresa recientemente informó que los 10 “periodistas y comunicadores más relevantes” en México son Carlos Loret, Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Pascal Beltrán del Río, Javier Risco, Sergio Sarmiento, Carmen Aristegui, Azucena Uresti, Gabriela Warkentin y Denise Maerker (véase: https://bit.ly/2Lwg8Ly). La empresa no proporcionó información alguna con respecto a la metodología que supuestamente utilizó para armar esta lista repleta de representantes de los grandes consorcios mediáticos monopólicos del país y además incluye a varios destacados fabricantes de mentiras.
No podemos confiar que las empresas digitales transnacionales se regulen a sí mismas. El Estado debe tomar acciones contundentes para obligar a estos monopolios a cumplir con la legislación nacional en las materias fiscal, electoral, laboral, transparencia y telecomunicaciones. De la misma manera en que los bancos españoles y las mineras canadienses tienen límites para su actuación en nuestro país, las empresas digitales estadounidenses también deben respetar nuestra soberanía.
También urge elaborar nuevas leyes para asentar claramente las reglas que deben respetar todas las empresas en la rama de la comunicación digital. Así como hay leyes en materia de radio y televisión, también debemos contar con una ley especial para las redes sociales.
La urgente regulación de las actividades empresariales de las empresas digitales no tiene nada que ver con la censura sino todo lo contrario, favorecería la libertad de expresión y el libre flujo de ideas.
Un ejemplo: quienes tengan sus cuentas suspendidas deben poder defender sus derechos en los tribunales nacionales. Así como un centro comercial no puede negar el acceso a un cliente por su apariencia física o su preferencia sexual, una red social tampoco debe poder discriminar a un cliente por sus convicciones ideológicas.
Los usuarios de las redes sociales también deben tener a la mano una herramienta sencilla para controlar los algoritmos que determinan los contenidos que reciben, así como contar con protecciones fuertes para sus datos personales. Las empresas de redes sociales también deben pagar impuestos sobre las ganancias que generan en México y respetar los derechos laborales de quienes trabajan a su nombre en nuestro país.
El sector privado no puede regirse por la ley de la selva sino debe ser regulado por el Estado para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos universales de la ciudadanía.
Ahora bien, a largo plazo la única manera en que podamos garantizar una verdadera libertad de expresión en México será por medio de la construcción de nuestras propias redes sociales, así como de la infraestructura de comunicaciones y de computo que se requiere para sostenerlas. Pongamos mano a la obra antes de que sea demasiado tarde.
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Excelente columna Ackerman!!! Voy a escribir sobre ello y voy a citarla, gracias por escribirla!
Nos suspenden las cuentas a cada rato cuando checan que tenemos un buen de seguidores, y nos la regresan sin ninguno, en ceros…
Qué pavor le dió a la 4T el escarmiento que en EEUU le dieron al gobierno populista de Trump. Dieron un manotazo y dijeron basta de mentiras y manipulación. Y los porristas de la 4T vieron eso y mejor a poner sus barbas a remojar.
Y lo peor, se echan cada argumento carente de toda lógica, que es obvio el terror que tienen de perder su alcance en redes sociales.
Durante años AMLO y sus huestes utilizaron las reded sociales para inventarse narrativas falsas y hoy desde el gobierno utilizan granjas de bots, como documentó Aristegui con la porquería que traen en Notimex. Por eso les aterra que les pongan un hasta aquí.
Imagínense comparar el acceso a un centro comercial con una plataforma digital. Parecería que el Dr. Ackerman cree que puede entrar desnudo con un rifle de alto calibre a cualquier centro comercial y que por libertad le deben dejar entrar. Simple y sencillo. Las plataformas digitales invirtieron millones en desarrollar sus plataformas, no recibieron nada del gobierno, y tienen sus reglas. Por qué un gobierno habría de imponerles con quién hacer negocio y con quién no? A Toyota le obligan a darle autos a todos los mexicanos?
Y no se confundan, pagar impuestos y respetar los beneficios de empleados enmarcados en la ley nada tiene que ver con el burdo intento de este gobierno de obligar a las redes sociales a dejar de bloquear a sus manipuladores y mentirosos.
Ya siéntese señor. Ahora resulta que quieren imitar a China, Irán, Venezuela, etc, etc. Y poco a poco el gobierno decidir a que apps o redes sociales tenemos acceso y a cuáles no. México es país de libertades! Irónico no? ?
Hagan su propia red social Morena 4a. Y ahí si ni quien diga nada, publiquen las 24 horas y no pasa nada, que los siga quien guste y punto.
Cada vez más preocupante la visión del gobierno y x supuesto del legislativo. Habiendo tantas cosas urgentes de legislar en favor de la gente, solo piensan igual que los otros partidos (cualquiera es lo mismo) mantener el hueso para seguir viviendo del herbario.
Es muy claro tu planteamiento John y coincido en que estas grandes empresas que mencionas se están convirtiendo en un instrumento poderoso de control político. Los casos que señalas ilustran la falta de neutralidad que existe en dichos medios de comunicación y el daño que hacen para la construcción de una sociedad democrática. Si a esto se suman los medios de comunicación tradicionales, con el sesgo ideológico y político de sus dueños, se completa un escenario obscuro que parece emular las peores épocas de control y opresión de la sociedad.