John M. AckermanPor: John M. Ackerman (@JohnMAckerman)
La intensidad del debate público con respecto a la Guardia Nacional ha sido, en sí, una indicación de la llegada de nuevos tiempos democráticos. Felipe Calderón no le consultó a absolutamente nadie antes de lanzar los militares a las calles el primero de diciembre de 2006 como cortina de humo para recubrir la enorme crisis de legitimidad que sufría a razón del fraude electoral de 2006. Enrique Peña Nieto hizo pasar de manera “fast track” su Ley de Seguridad Interior en el Congreso de la Unión para después publicarlo casi de inmediato en el Diario Oficial de la Federación, el 21 de diciembre de 2017. Con ello, el Presidente priista retó abiertamente a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales que exigían primero un amplio debate parlamentario y después la aplicación del veto presidencial a un ordenamiento que a todas luces violaba flagrantemente los derechos humanos de la población.
En cambio, la iniciativa de reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional fue sometida a una amplia auscultación pública. Importantes expertos y líderes de la sociedad civil han expresado sus críticas frontales tanto en el Congreso de la Unión como en foros públicos y los medios de comunicación. Incluso dentro de Morena se ha dado también un intenso debate con posiciones encontradas.
Este proceso deliberativo ha generado importantes cambios con respecto a la naturaleza de la nueva corporación de seguridad pública. No solamente se escuchó sino que también se tomó en cuenta la opinión de la ciudadanía. Específicamente, en respuesta a las críticas, el nuevo Presidente de la República aceptó que el mando sobre la Guardia Nacional sea civil desde el primer día de su creación.
Esta modificación la aceptó López Obrador con mucho gusto porque siempre ha estado a favor de la desmilitarización de la seguridad pública. Durante la campaña presidencial fue muy claro con respecto a la necesidad de generar una hoja de ruta hacia la desmilitarización. Y tal y como hemos expuesto en estas mismas páginas (véase: https://www.proceso.com.mx/561466/hacia-la-desmilitarizacion), la iniciativa original de Morena sobre la Guardia Nacional, del 20 de noviembre, no incluía el mando militar en la Carta Magna ni modificaba un ápice los elementos constitucionales claves que garantizan el carácter civil de la seguridad pública y la más absoluta disciplina militar.
En acatamiento estricto al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, tanto la propuesta original de Morena como la versión finalmente aprobada por el Congreso de la Unión mantienen intactos los principios constitucionales fundamentales de que “en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar” (artículo 129) y que “las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil” (artículo 21).
Ahora bien, es cierto que el quinto transitorio del dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el pasado 20 de diciembre, sí colocó a la Guardia Nacional de manera transitoria y excepcional bajo mando militar.
“En tanto persista la emergencia de violencia e inseguridad en el país y por un plazo máximo de 5 años, como excepción a lo dispuesto en los artículos 21, párrafo décimo segundo, y 129 de la Constitución, la Guardia Nacional será adscrita a la dependencia del ramo de la Defensa Nacional para los efectos de la programación y ejecución de funciones en materia de seguridad”, decía el transitorio.
Este es el elemento que más generó indignación entre algunos sectores de la sociedad civil y que fue eliminado en el dictamen final para dejar sin lugar a dudas que el mando sobre la Guardia Nacional será civil, como una dependencia de la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), desde el primer día de su existencia.
Esta modificación no ha satisfecho a todos los críticos. Algunas voces siguen insistiendo que los militares no deberían tener absolutamente ningún papel en temas de seguridad pública. Señalan que los soldados tendrían que regresar inmediatamente a sus cuarteles y que aquellos efectivos castrenses que se incorporen a las filas de la Guardia Nacional deberían perder cualquier conexión con las fuerzas armadas.
Estas posiciones son perfectamente legítimas y muchos juristas sosteníamos argumentos similares cuando las fuerzas castrenses estaban bajo el mando de Comandantes Supremo como Calderón y Peña Nieto totalmente subordinados a Washington. Sin embargo, el debate central no debe ser si la Guardia Nacional retoma, utiliza o se apoya temporalmente en efectivos o mandos militares durante la primera etapa de emergencia nacional, sino si esta nueva corporación apunta hacia la desmilitarización o la remilitarización del país a largo plazo.
Y aquí la respuesta es clara. La Guardia Nacional constituye un paso claro y firme hacia la desmilitarización del país al enmarcar toda actuación militar en materia de seguridad pública dentro de una lógica y un mando civil.
Otro factor que se debe tomar en cuenta es la invitación que ha hecho el Presidente de la República a revalorar el papel histórico de las fuerzas armadas. No hay duda de que bajo el mando de Calderón y Peña Nieto las fuerzas castrenses dieron la espalda a la sociedad y se pusieron al servicio de las políticas neoliberales y de la sangrienta “guerra contra las drogas” de los Estados Unidos. El estratosférico aumento en las violaciones de los derechos humanos durante la última década lo demuestra.
Sin embargo, nuestras fuerzas armadas también tienen una larga tradición revolucionaria. Como botón de muestra, en las semanas recientes los militares han demostrado gran patriotismo y compromiso con el bienestar ciudadano por medio de su indispensable e incansable apoyo al plan nacional en contra del robo de combustibles.
Washington estaría encantado si echáramos al bebé junto con el agua sucia y desmanteláramos de una vez por todas a las fuerzas armadas. Siempre ha sido el sueño de los gobiernos de los Estados Unidos desaparecer al Ejército mexicano para poder encargarse directamente de la seguridad de todo el subcontinente norteamericano. Quienes se lanzan con furia en contra de toda la institución militar en su conjunto y sin distingo hacen el trabajo sucio a Donald Trump, de la misma manera en que quienes protegían a los militares violadores de derechos humanos y ensalzaban la “guerra contra el narcotráfico” de Peña Nieto y Calderón justificaban la subordinación de las fuerzas armadas mexicanas al Comando Norte.
Es importante acercarnos a los fenómenos políticos desde un enfoque dialéctico y rechazar el pensamiento lineal. Démosle la oportunidad, sin extender de ninguna manera un cheque en blanco, a que los nuevos secretarios de defensa y de marina, Luis Sandoval y Rafael Ojeda, demuestren con hechos que la Cuarta República también implica una limpia profunda y una transformación de fondo de las fuerzas armadas.
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Trate de ampliar el círculo de receptores de sus excelentes comentarios; que cada día seamos mas los informados. Todo mi apoyo a la política actual.
John Ackerman siempre extendiéndose sin ser capaz de sustentar sus aseveraciones como al decir»bajo el mando de comandantes supremos como Calderon y Pena Nieto totalmente subordinados a Washington».
Subordinados a Washington ? Esa es una aseveración muy fuerte.
Where did get that John? Or, it just feel right to write it?
La otra buena «siempre a sido el sueno de los Gobiernos de los Estado Unidos desaparecer al Ejercito Mexicano para poder encargarse directamente de la seguridad de el subcontinenete norteamericano. Puff… Esa estuvo mas grande.
En que beneficia eso a USA? Perseguir huachicoleros , Narcos y politicos corruptos?Mexico no representa una amenaza. Mexico y USA son amigos, socios, vecinos. En America vivimos muchas primeras y segundas generaciones de Mexicanos con vínculos de sangre mucho mas profundos y que están por encima de cualquier forma o tipo de gobierno en ambos lados de la frontera. Aqui no hay malos y buenos, simplemente seres humanos.
John , take it easy men, I think you are doing ok, just do not blow so much smoke.
I know , you write in La Jornada and that indeed is a commitment . You need to be more of a writer and less of an activist.
Le hace falta leer amigo, lea a Noam Chomski y vera
Gracias por este dato, tengo mucho que aprender y leer.
Saludos
Nuevamente, un oasis leer sus reflexiones. Una visión nítida, gracias
felicito a usted DR.Juan Ackerman , seria muy importante que lo tomara en cuenta el gobierno como asesor político constitucional , para el mejoramiento de la G.N.
1.apoyo la gdia.
2.secretario de la GN. sea un civil, con operaciones e Intelegencia mixtas.(civiles y militares) , estos es actualización, para el futuro.
3.prepacion en derechos humanos.
4.Prepacion policiales e investigaciones. etc.
Con estos artículos estoy aprendiendo mucho gracia por encontrarte John M. Ackerman.
GUARDIAS COMUNITARIAS VS. GUARDIA NACIONAL
No queremos repetir lo que se ha dicho reiteradamente en innumerables intervenciones y que es de todos conocido: el rechazo de la ciudadanía a entregar la dirección de la seguridad pública a los militares, dado los negativos resultados que arroja su actuación, con crímenes perpetrados incluso el día de hoy: graves violaciones de los derechos humanos, desapariciones forzadas, casos de tortura violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales y muchos otros abusos. Basta enumerar algunos de los más notables casos: Aguas Blancas, Acteal, Tanhuato, Tlatlaya, Apatzingán, Ayotzinapa, Nochixtlán, etc., más de 11, 000 quejas documentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Secretaría de la Defensa Nacional, (Sedena) en los últimos diez años de los cuales el 97 por ciento permanecen impunes. Esto demuestra la total incapacidad de una organización llamada a ejercer la violencia sistemática de una parte de la población contra otra, en funciones de seguridad pública. Ya se dijo aquí de diferentes maneras: la garantía de los derechos de los ciudadanos no puede quedar depositada en estructuras militares.
Sin embargo, en estas audiencias públicas, en lugar de analizar uno de los problemas de fondo, la discusión se pierde en falsas disyuntivas sin salir del mismo círculo vicioso: que si la Guardia Nacional será una institución civil con preparación policial, que si estará bajo mando militar o civil; o si será una autoridad híbrida con la ejecución de funciones por parte de la Secretaría de Seguridad, pero el mando, operatividad y jerarquías quedaría a cargo de la Sedena. Y entre los gobernadores la preocupación se enfoca en el respeto o la pérdida de las soberanía estatal, temen que se genere una intromisión en las competencias de las entidades y rechazan la centralización de la seguridad pública. Todo esto son falacias.
Lo único cierto es que la Guardia Nacional como la están planteando los diversos sectores no va a resolver el tema de la inseguridad, ya que se está dejando fuera del espectro al actor central sin el cual no se superará la crisis de confianza: la comunidad. Ningún programa de seguridad funcionará si no participa el pueblo, si no se incluye la participación de la ciudadanía en estas tareas de seguridad y no se podrá garantizar una verdadera Cuarta Transformación. Sólo tendremos más de lo mismo, pero adaptando la Constitución como traje a la medida.
Para encontrar una verdadera solución debemos conocer, analizar y revalorar la contribución de las policías comunitarias y los grupos de autodefensa que se han construido en diferentes entidades y que más tarde fueron manipulados y después traicionados y castigados por los gobiernos de Calderón y Peña Nieto.
Se deben conocer, difundir y replicar las exitosas experiencias de Cherán, como modelo rural, y de Ciudad Nezahualcóyotl como modelo en el ámbito urbano, entre otros:
En 2011 los habitantes de Cherán se organizaron ante la exigencia principal de seguridad y justicia, construyendo una forma democrática de gobierno basada en sus propios usos y costumbres, lo que está consagrado en nuestra Constitución Política y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Así eligieron en voto público un Concejo Mayor formado por doce notables todos ellos propuestos y elegidos en sus asambleas de barrio y designados por la asamblea general, con la intención de que el nuevo gobierno se hiciera responsable de la seguridad, la justicia y la democracia. Se acordó que todos los comuneros tenían que participar en la vigilancia de las esquinas y de los puntos estratégicos, y se conformó una policía comunitaria que vigilaría el orden, la disciplina, y sancionaría con trabajo comunitario a los infractores de las reglas internas del pueblo. Las rondas se activaron en cada barrio integradas por grupos de voluntarios, y después el gobierno comunal planteó una compensación económica para los elementos de lo que llamarían “ronda comunitaria” que gozaban de la plena confianza de la comunidad.
En cuanto a la experiencia de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, en agosto del 2013 inició actividades la Policía Vecinal de Proximidad que introdujo cambios trascendentales en los esquemas de vigilancia de este municipio. El territorio municipal se dividió en 90 cuadrantes y en cada cuadrante se organizó una patrulla vecinal, dando rondines de manera permanente en un determinado número de calles. En apoyo a las unidades de los cuadrantes se establecieron también unidades especiales y moto patrullas cuya función es la de apoyar en las remisiones o puestas a disposición y contaron también con apoyo logístico como aparatos de radiocomunicación, cámaras de videovigilancia, etc. La nueva policía vecinal está integrada por 540 elementos, 270 de los cuales son jefes de cuadrante que han sido seleccionados y capacitados en una academia policial federal. Se privilegia el contacto directo con la ciudadanía y está inmersa en el medio donde la gente vive, trabaja y estudia. Este plan de zonificar patrullas por colonia o cuadrante, ha dado buenos resultados.
Las pruebas son contundentes: la seguridad pública debe quedar en manos de una Guardia Comunitaria reclutada en cada municipio entre los miembros de las mismas comunidades, a quienes se dará la capacitación en el combate a la delincuencia bajo los más estrictos parámetros de respeto a los derechos humanos, apoyada y en coordinación con las policías estatales y federales. Con esto se soluciona el escollo de la composición de este cuerpo, que será civil, ciudadanizando las tareas de seguridad pública, y que funcionará bajo un mando civil también, en el que las decisiones las tomarán los tres niveles de seguridad: municipal, estatal y federal pero respetando las competencias de las corporaciones locales que diseñarán su estrategia, de acuerdo con las necesidades de cada localidad y, en su caso, de acuerdo con sus usos y costumbres. En este caso el movimiento viene desde abajo ya que los ciudadanos conocen mejor los problemas que padecen y tienen el derecho inalienable de defender su seguridad y su vida que hasta el momento ninguna institución oficial, responsable de ello han sido capaces de garantizar. La estadística prueba que la violencia, lejos de disminuir, aumenta día con día. Cada día es el más violento de la historia de nuestro país. ¿Por qué entonces se empeña el nuevo gobierno en repetir el mismo error?
El PUEBLO tiene el derecho inalienable a su defensa como ellos lo decidan. Ojalá la consigna de campaña ¡CON EL PUEBLO TODO, SIN EL PUEBLO NADA! no sea otra promesa rota y vacía.
De paso, y de acuerdo con la política de austeridad, se solucionaría también el gran gasto de transporte, hospedaje y alimentación que implica el desplazamiento de la Policía Federal a las diferentes entidades y que el año pasado llegó a 1,637 millones de pesos. (ver La Jornada, miércoles 9 de enero de 2019, p. 8).
María Mirtha Pastrana Uranga
Ciudad de México a 11 de enero de 2019
Lo único cierto es que la Guardia Nacional como la están planteando los diversos sectores no va a resolver el tema de la inseguridad, ya que se está dejando fuera del espectro al actor central sin el cual no se superará la crisis de confianza: la comunidad. Ningún programa de seguridad funcionará si no participa el pueblo, si no se incluye la participación de la ciudadanía en estas tareas de seguridad y no se podrá garantizar una verdadera Cuarta Transformación. Sólo tendremos más de lo mismo, pero adaptando la Constitución como traje a la medida.
Para encontrar una verdadera solución debemos conocer, analizar y revalorar la contribución de las policías comunitarias y los grupos de autodefensa que se han construido en diferentes entidades y que más tarde fueron manipulados y después traicionados y castigados por los gobiernos de Calderón y Peña Nieto.
Se deben conocer, difundir y replicar las exitosas experiencias de Cherán, como modelo rural, y de Ciudad Nezahualcóyotl como modelo en el ámbito urbano, entre otros
Mirtha Pastrana Uranga
Muy clara su información y sobretodo verás!
1) Militarizar completamente el país no constituye una «desmilitarización» sino todo lo contrario. No es necesario meter a las Fuerzas Armadas a las calles con una maroma constitucional para desmilitarizar después. Al contrario, es un retroceso enorme y la cúspide de la militarización. Ni siquiera Calderón le había dado un espacio tan amplio como lo hizo López Obrador con el decreto del pasado lunes.
2) La Guardia Nacional no es un organismo civil, aunque digan que lo es «en teoría». Tanto la SEDENA como la Marina influyen tajantemente en la operación de la GN, como lo dice el apartado de coordinación de la ley de la GN. En las calles, los ciudadanos no vemos a los miembros de la GN vestidos de policías civiles. Al contrario, a primera vista se puede notar que son los mismos soldados del Ejército, pero con cascos nuevos y las camionetas pintadas con el logo de la GN.
3) El transitorio de la Constitución dicta que «el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria». El Presidente no ha cumplido con esto, ya que no ha habido regulación de la actuación de las Fuerzas Armadas en el decreto del lunes, ni se ha designado un órgano que lo fiscalice. El decreto del Presidente sólo repite las palabras de la Constitución, sin cumplir ninguna de ellas. Peor aún, sin dictar ninguna medida limitativa, ¡le está dando carta blanca a las Fuerzas Armadas para hacer cualquier labor de seguridad pública a todo tiempo!
DR. ACKERMAN, CUANDO PEÑA NIETO INTENTÓ MILITARIZAR AL PAÍS CON LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR, USTED SE OPUSO CONTUNDENTEMENTE. HOY, EL PRESIDENTE ESTÁ MILITARIZANDO EL PAÍS MUCHO MÁS QUE PEÑA Y MUCHO MÁS QUE CALDERÓN. NINGUNA MAROMA NIEGA ESTE HECHO IRREFUTABLE. LOS CIUDADANOS MISMOS VEREMOS AL EJÉRCITO EN LAS CALLES. ESTO NO DEBE DE SER ASÍ. ESA ESTRATEGIA NUNCA NOS HA FUNCIONADO Y SÓLO HA ENGENDRADO VIOLENCIA Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS.
DR. ACKERMAN, SI USTED TIENE COHERENCIA Y LE IMPORTA EL BIENESTAR DE MÉXICO DEBERÍA DE OPONERSE A ESTA MILITARIZACIÓN EN LUGAR DE AVALARLA.